Diferentes jurisdicciones a nivel mundial están intensificando sus esfuerzos para regular el mercado de criptomonedas, y abordar las transacciones ilícitas entre las áreas de enfoque clave. De hecho, Finlandia es el último país en tomar medidas después de incautar Bitcoin involucrado en actividades ilegales.
La agencia de aduanas del país vendió recientemente 1.889,1 Bitcoins por 46,5 millones de euros tras una incautación por facilitar la transacción de estupefacientes y sustancias dopantes. ePressi reportado el 21 de julio.
Según se informa, la venta fue realizada por dos corredores de criptografía contratados por los funcionarios de aduanas después de un proceso de licitación competitivo. Todavía no está claro cuándo se incautaron todas las criptomonedas.
Aún queda más Bitcoin por vender
Además de los Bitcoins vendidos, la agencia todavía está en posesión de 90 BTC, en espera de una sentencia válida de decomiso. Las investigaciones también dieron como resultado la incautación de otras criptomonedas no definidas cuyo valor aún no se ha determinado.
Parte del Bitcoin incautado se remonta a importantes redadas que se remontan a 2016, cuando las autoridades confiscaron alrededor de 1666 BTC.
El departamento de aduanas había identificado inicialmente a las empresas de activos digitales Coinmotion y Tesseract con sede en Finlandia para llevar a cabo la venta de Bitcoin. Según la agencia, las dos entidades tenían procedimientos sólidos para prevenir el lavado de dinero e investigar los antecedentes del comprador.
Donación de ganancias a Ucrania
En abril, se supo que Finlandia planeaba vender criptomonedas confiscadas y donar las ganancias para apoyar a las víctimas de la invasión rusa de Ucrania.
“El gobierno donará decenas de millones para ayudar a Ucrania gracias a las ganancias de la venta de Bitcoin confiscado por la Aduana finlandesa”. dijo La ministra de Finanzas de Finlandia, Annika Saarikko.
Tras la creciente popularidad de las criptomonedas, la Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia (FSA) se está moviendo hacia implementar un marco regulatorio criptográfico para proteger a los consumidores.
Los reguladores han sostenido que las entidades legalizadas solo pueden realizar transacciones con criptomonedas, pero los residentes pueden visitar sitios web relacionados operados fuera del país.